Durante años, crímenes como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción han permeado las empresas de diferentes sectores en el país. Estos delitos no solo afectan gravemente a la sociedad, sino que también generan un impacto negativo tanto en materia de seguridad como de inversión.
El aumento en las investigaciones de estos delitos no es aleatorio y desde que Colombia se integró a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se fortaleció la lucha contra este tipo de acciones delictivas, así como otros conexos como lo son el contrabando y el narcotráfico.
Los últimos datos de la Fiscalía, señalan cómo los delitos de lavado de activos se multiplicaron por seis a junio de 2021; al pasar de 800 mil millones de pesos a casi 6,2 billones de pesos. Esto evidencia, un aumento significativo en los casos activos por este tipo de delito. Se investigan a accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de empresas involucradas en esquemas de blanqueo de capitales.
Frente a esta situación, las compañías pueden actuar previamente frente a estos delitos, implementando Sistemas Integrales de Administración de Riesgos. De acuerdo con Raúl Muriel, Gerente General de Cosinte, estos sistemas les permiten a las compañías prevenir, ser víctimas de los mismos, evitar investigaciones; así como limitar grandes pérdidas económicas derivadas de sanciones judiciales y reputacionales.
“Si bien existen bastantes regulaciones en temas de lavado de activos y soborno transnacional, es evidente que la intención del Legislador es generar la necesidad de certificación de sistemas de prevención de riesgos desde las empresas colombianas, comprobable en la reciente expedición de las Leyes 2181 de 2021 y la Ley 2195 de 2022”, resaltó Muriel.
El experto de Cosinte aclara que si bien hay una diversidad de programas y el objetivo de todos apunta a mejorar los procesos en materia de seguridad corporativa, cada uno tiene su diferencia, por esa razón, decidió responder algunas de las preguntas más comunes sobre estos sistemas.
¿A qué corresponden las palabras SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT?
Son siglas de los sistemas de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Si bien todos los sistemas tienen una finalidad unificada, que es la prevención de estas conductas, cada uno tiene un significado distinto. Y depende del sector en el cual se aplique para comprender sus características y alcances.
¿Qué sifnifican?
La definición de cada sistema podemos encontrarla en el documento CONPES 4042 del año 2021; partimos del SIPLAFT, que significa “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el cual es de obligatorio cumplimiento para algunas empresas del sector de transportes y del sector de la vigilancia y la seguridad privada.
Luego, está el SARLAFT que significa “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo”; y finalmente tenemos el SAGRILAFT, “Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
¿Qué beneficios obtendría la empresa?
- Dar un enfoque basado en riesgos a la organización, lo que le permitirá gestionar de mejor forma la toma de decisiones corporativas.
- Tener un sistema de prevención de riesgos implementado en el interior de la compañía permite a la empresa saber cuáles son las áreas operativas que tienen mayor riesgo de incumplimiento y cuáles están actuando más eficientemente.
- Anticipación a la adopción e incorporación de nuevas normas que cambien el panorama de riesgos regulatorios.
- Ahorrar costos: el costo de incumplir las obligaciones antilavado y anticorrupción no solo implica potenciales multas de 200 a 200.000 SMLMV, sino también la posibilidad de altas penas de prisión.
- Implementación y cumplimiento del principio de debida diligencia empresarial, establecido en la Ley 2195 de 2022, el cual permite prevenir que la compañía sea utilizada como medio para cometer conductas criminales, así como para dar cumplimiento a obligaciones tributarias como llevar el Registro Único de Beneficiarios Finales.
Ver nota original: Herramienta para prevención de corrupción y lavado de activos.