La Comisión Permanente del Congreso se dispone a votar, el próximo martes 7 de febrero, el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El mismo recomienda denunciar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y lavado de activos.
El texto lo sustentará el congresista Diego Bazán (Avanza País) y es el penúltimo peldaño antes de que llegue al pleno, si se aprueba. El documento contra Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado —de Transportes y Vivienda, respectivamente—se presentó en octubre de 2022 por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Para el Ministerio Público, Castillo lidera una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada. Además, por la integración de su entorno familiar y político. La imputación, la primera a un presidente en funciones, se basa en más de 190 elementos probatorios.
Con la denuncia de crimen organizado, suman dos imputaciones contra Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por intentar un golpe de Estado. Una previa lo acusaba por traición a la patria, tras declarar la posibilidad de un referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia.
Hace unos días, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada una “cuestión previa” planteada por el exjefe de Estado para que se anule su investigación por rebelión y, alternativamente, conspiración.
Durante la audiencia del caso, Castillo afirmó ante el juez Juan Carlos Checkley que no había renunciado a su derecho al antejuicio. Además, afirmó que se había vulnerado su derecho a la defensa. También rechazó que exista el riesgo de que pueda fugarse del país si es liberado, ya que, según dijo, no ha “violado, robado, ni matado a nadie”.
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