Un año después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú, su gobierno está sumido en un mar de acusaciones. Tienen implicancia en actividades delictivas como, por ejemplo, lavado de activos. No solo por parte de él mismo, sino de miembros de su familia y de funcionarios de su gobierno.
Las acusaciones forman parte de una campaña por parte de la oposición que pretende forzar su dimisión, o su destitución.
Aunque no cabe duda de que las acusaciones de corrupción son sustanciales, su escala palidece en relación con el enorme escándalo de Odebrecht. Allí estuvieron implicados prácticamente todos los partidos e instituciones políticas. Seis de los ex presidentes de Perú han sido condenados, acusados o investigados por corrupción o lavado de dinero.
El inédito récord del presidente
Las acusaciones, renuncias y pedidos de censura han creado una crisis de gobernabilidad que ya denota un proceso político cíclico en Perú.
Esto lleva a un récord de 67 ministros que se los ascendió hasta ahora. Esto lo que llevó a Bloomberg a observar el mes pasado que “Un nuevo ministro es nombrado cada seis días en el Perú de Castillo”.
El último en caer este mes ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Rodríguez Mackay, tras un mes en el cargo. El nombramiento de Rodríguez provocó la dimisión de los embajadores de Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, después de que manifestara su apoyo a la negativa del Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo de ámbito continental destinado a proteger el medio ambiente y, concretamente, a los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en la región amazónica. El rechazo del acuerdo estaba en consonancia con las exigencias de la gran minería y otras industrias extractivas.
Paralelamente a esta crisis, y alimentándola, ha estado la devastación causada por el COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania. Este doble golpe, desencadenó una desaceleración económica, desempleo y un drástico aumento de los precios de los alimento. En consecuencia, está sumiendo a la clase trabajadora en la pobreza.
El ascenso de Castillo representó, de forma distorsionada, un rechazo a las políticas de libre mercado por parte del grueso de la población más marginada económicamente.
El 13 de agosto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México emitieron un comunicado en el que expresaban su temor en materia de la viabilidad de la democracia en Perú. Según ellos, podría colapsar debido a la “tensión social y política en ese país, donde su presidente, Pedro Castillo, sometido a su sexta investigación judicial por lavado y otros presuntos delitos”.
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