En el marco del Pleno de Representantes de GAFILAT, Chile obtuvo un reconocimiento por la aplicación de su estrategia en contra del crimen organizado en la investigación del caso “Verde Austral”, conocido como el Megafraude de Carabineros por más de 28 mil millones de pesos. Efectivamente, nuestro país se distinguió por la mejor investigación de éxito de lavado de dinero en América Latina. Este es un ejemplo paradigmático, puesto que el sistema operó en toda su cadena, desde el levantamiento de las alertas por parte de un “Sujeto Obligado” (banco), lo que significó el envío de un reporte de operación sospechosa de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero. Esto dio pie para que UAF, pudiese estructurar un informe de inteligencia financiera, especificando allí una hipótesis de esquema y las operaciones sospechosas.
Asimismo, y solo por nombrar a algunos organismos, tuvieron un rol destacado en el proceso de investigación:
- la Fiscalía de Magallanes,
- la Fiscalía Nacional,
- el OS7 de Carabineros,
- la Contraloría General de la República,
- el Consejo de Defensa del Estado.
El trabajo multidisciplinario, coordinado y colaborativo entre distintas entidades públicas y privadas demostró concretamente sus frutos.
Las buenas prácticas del gobierno
El resultado de esta tarea es exitoso desde el punto de vista penal, 116 condenas por lavado de dinero, y también para el sistema anticorrupción. Se dió justo en momentos en que el Gobierno ha dado a conocer su estrategia para combatir al crimen organizado. Tanto el GAFI como casi todos los foros internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional, coinciden en que esta lucha no se puede llevar a cabo sin una adecuada complementación entre el mundo público y el mundo privado.
Cuando la colaboración se implementa correctamente, esta tiene un impacto positivo inmediato. Pero el verdadero desafío es no perder esa senda, para que casos como el que comentamos acá no sean excepcionales, sino una práctica sostenida. La Política Nacional contra el Crimen Organizado, que lanzó la semana pasada el Presidente, es sin duda un avance en este campo. Aún así, para afianzar objetivos, resta asignarle un rol más protagónico al sector privado en materia de prevención de los delitos del crimen organizado.
Se pueden precisar todavía más los mecanismos mediante los cuales los sujetos obligados, sectores regulados, actores económicos, la banca en específico, puedan hacer un aporte decisivo al combate del lavado de activos que es, precisamente, el campo en el que podemos atacar el acceso a los fondos ilícitos de las bandas que actúan en el mercado delictivo de mayor escala, más aún cuando uno de los objetivos centrales de la política, anunciada por el Gobierno, es cortar los circuitos de la economía de estos grupos.
Usemos casos exitosos como el de Verde Austral para replicar esas buenas prácticas, de modo de ir generando estándares a los que puedan recurrir bancos, notarías, automotoras u otros sectores expuestos, para detectar a tiempo a quienes utilizan al sistema financiero para fines deshonestos. Necesitamos pasar de mecanismos que hoy son cuasivoluntarios a unos que sean cada vez más mandatorios y protocolizados. Además de lograr cerrar espacios a la voluntad o eventuales políticas comerciales con enfoques errados de los agentes económicos. Esa, sí sería una señal clara y contundente al crimen organizado de que iremos tras su dinero, tarde o temprano.
Ver nota original en: Crimen organizado: un caso de éxito a replicar.