La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones de lavado de activos alcanzaron el número 5.397. En el detalle, el sector bancario es el que lidera, con un alza del 38,7%, llegando a 2.796; lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes.
El lavado de activos y financiamiento de terrorismo están en la mira de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En ese contexto, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe la entidad gubernamental subieron un 24,4% en el primer semestre de este año.
Así se desprende de la serie estadística del servicio que muestra que, en el periodo enero-junio, los sujetos obligados pertenecientes a 38 actividades económicas y al sector público, enviaron 5.397 ROS a la UAF, que se comparan con los 4.337 remitidos en igual lapso de 2021.
El director de la UAF, Carlos Pavez, explica que el aumento en los reportes se debe a dos factores. El primero, es que existió una mayor proporción de sujetos obligados que reportaron operaciones sospechosas. En otras palabras, dice Pavez, “hubo una mayor cantidad de sujetos obligados que reportaron ROS respecto del total de sujetos obligados registrados en la UAF”.
Y lo segundo, se relaciona con el hecho de que hubo un mayor volumen de reportes de entidades pertenecientes al sector bancario. En el detalle se muestra que, en el primer semestre de 2022, los reportes recibidos provenientes de este sector aumentaron un 38,7%. Además, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año anterior.
¿Por qué los bancos lideran?:
“Esto es por la cantidad de transacciones que realizan y aspectos que se relacionan con la gestión y administración del riesgo. O también, la implementación de avanzados sistemas tecnológicos, los bancos son el sector de mayor reportabilidad”, responde Pavez.
Por su parte, los reportes provenientes de entidades pertenecientes al sector financiero no bancario subieron en un 9,3%; totalizando 2.387, lo que se traduce en 203 adicionales. A su vez, los recibidos desde entidades de sectores no financieros tuvieron un alza del 129,6%, llegando a 163, siendo 93 causas adicionales.
En el desglose también se menciona que desde las cajas de compensación hubo 667 envíos, desde las AFP 599, desde las corredoras de bolsas de valores 316 y desde otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera 190.
Al 30 de junio de 2022, el registro de entidades reportantes de la UAF tiene inscritos a 8.266 sujetos obligados: 7.807 personas naturales y jurídicas de 38 actividades del sector privado y 459 instituciones públicas. Estas últimas, que desde febrero 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la UAF, remitieron 51 informes en el periodo.
De acuerdo al balance de la UAF:
Por otra parte, a tendencia creciente de la cantidad total de reportes recibidos por este servicio no sólo se explica porque cada vez hay más personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de entidades reportantes; sino también por la mayor comprensión de la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados. Esto les permite poder detectar oportunamente transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de dichos delitos.
En ese sentido, Pavez sostiene que desde la entrada en vigencia de la Ley N°19.913 el número total de sujetos obligados ha crecido, desde 1.900 personas naturales y jurídicas inscritas en la UAF en 2009, a unas 8.100 en 2021. “Hay sectores, como las casas de cambio, los corredores de propiedades o los usuarios de zonas francas, que por su naturaleza van incorporando anualmente a muchas personas tanto naturales como jurídica a su actividad”, puntualiza el personero de gobierno.
Pero también Pavez menciona el hecho de que “los legisladores agregaron al artículo 3 nuevas categorías de sujetos obligados de la UAF. Asimismo, como ocurrió en febrero de 2015, cuando se sumaron las bolsas de productos, las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros, las empresas de depósito de valores y todo el sector público y municipal”.
Otro factor es el plan de capacitaciones que la UAF está realizando para que los oficiales de cumplimiento de los sectores privado y público; “no solo puedan implementar sistemas preventivos eficaces en sus instituciones, sino también comprender los riesgos y con ello realizar reportes de operaciones sospechosas de calidad y oportunos”.
Lavado de activos y terrorismo
Del total de reportes, tras aplicar procesos de inteligencia financiera, la UAF encontró señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193. De ellos, 83 fueron remitidos por los bancos; 36 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar; 22 por las entidades públicas, y 16 por las AFP.
En 2017, hubo 181, al año siguiente escaló hasta 294 y ya en 2019 superó las 500. En 2020 hubo un retroceso por la pandemia, reduciéndose hasta las 295 y el año pasado nuevamente subió a 514 casos.
La información analizada de este primer semestre fue derivada al Ministerio Público. A través de informes de inteligencia financiera, aclaran en la Unidad de Análisis Financiero.
Según explican, una vez recibidos estos informes, la Fiscalía los vincula con un Rol Único de Causa, dando inicio a una investigación penal por lavado de activos o financiamiento de terrorismo, lo que incluye métodos policiales intrusivos y encubiertos.
Desde la UAF subrayan que el Ministerio Público puede solicitarles antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones ya sea que se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren. Así, en los primeros seis meses de 2022 la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas naturales y jurídicas.
Ver nota original en: Operaciones sospechosas de lavado de activos al alza: suben casi 25% en el primer semestre de 2022.