Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe. Según la 11ª edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2022, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.
El Índice AML evalúa anualmente las vulnerabilidades de los países al LA/FT y sus capacidades para contrarrestar dichos delitos. Los puntajes de riesgo se basan en datos de fuentes disponibles, de acceso público, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otras. Las puntuaciones cubren 18 indicadores sobre 5 temáticas: Calidad del marco antiLA/FT; Soborno y corrupción; Transparencia financiera y estándares; Transparencia pública y rendición de cuentas, y Riesgos legales y políticos.
Pese a que ningún país tiene “cero riesgo” al LA/FT, los países con mejor desempeño en el Índice AML 2022 son Finlandia, Andorra y Suecia. Mientras que República Democrática del Congo, Haití y Myanmar son los con el rendimiento más bajo.
La puntuación específica que obtuvo Chile
En 2022, la puntuación total de Chile llegó a 4,03, ubicándose en el lugar 106 de entre 128 jurisdicciones (mientras más alto el puesto, mejor), resultando el país mejor evaluado en Latinoamérica y el Caribe.
El Informe destaca que, en la región, “todos, excepto tres países (Chile, Granada y Uruguay), están incluidos en la lista de jurisdicciones donde se lava más dinero del Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) del Departamento de Estado de Estados Unidos”.
“Cuando se trata de abordar el dinero sucio, la mayoría de los países da un paso adelante y cuatro atrás. Y permanece demasiado pasos detrás de los delincuentes que buscan lavar fondos ilícitos… La buena noticia es que los gobiernos, las instituciones financieras y otras entidades reportantes están mejorando en la evaluación de sus riesgos de LA/FT y en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo”, señala el Informe.
Agrega que “en áreas donde los delincuentes se mueven rápido e innovan, las autoridades están arrastrando los pies. La criptoesfera es una de ellas. Los niveles medios de cumplimiento de los estándares internacionales sobre los riesgos de los activos virtuales están cayendo. Las autoridades también están progresando con demasiada lentitud en áreas que durante mucho tiempo han sido un punto débil para el LA/FT, como la transparencia de los beneficiarios finales y la cooperación internacional”.
Desafíos pendientes
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expresó su satisfacción por el resultado de Chile en el AML 2022. En consecuencia, refleja los esfuerzos del país por seguir fortaleciendo su Sistema Nacional antiLA/FT.
Sin embargo, recordó que, en 2021, tras la evaluación de Chile del cumplimiento técnico y efectivo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado. Esto significa que, cada seis meses, deberá dar cuenta de los avances para superar las deficiencias detectadas.
“Los resultados de la evaluación del Gafilat invitan al sector privado y público a abordar de manera efectiva los principales riesgos y debilidades en materia de prevención, detección, persecución y sanción del LA/FT. La cooperación interinstitucional es clave para privar a los delincuentes de su libertad. Pero además, para golpear duramente sus finanzas y su capacidad para reiniciar actividades ilícitas a través de terceros”, dijo Carlos Pavez.
Agregó que, en los próximos años, de acuerdo con las recomendaciones del Gafilat, el país debiera, mejorar su marco legal de combate al financiamiento del terrorismo y de congelamiento de bienes asociados a personas listadas como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; crear un Registro de Beneficiarios Finales que cumpla con los estándares internacionales. Pero también, que faculte el acceso a información actualizada, precisa y oportuna por parte de las autoridades competentes; e incluir a los abogados, contadores, proveedores de servicios societarios y a los comerciantes de metales y/o piedras preciosos al Sistema Nacional antiLA/FT.
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