La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual. Mientras, todo esto con el fin de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), de acuerdo a las recomendaciones del GAFI.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto con modificaciones a normas vigentes sobre LA, para adecuarse a los estándares internacionales del caso.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión LA, FT y FP”.
Algunas declaraciones
“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero. No solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”; indicó el Ejecutivo en los fundamentos el proyecto.
El proyecto busca cumplir con las recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2012, en su última revisión. “En esa oportunidad… Se introdujeron nuevas medidas para combatir FP y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia…”.
“El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual. Con el fin de prevenir el LA/FT/FP, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indicó el PEN.
El nuevo proyecto
La propuesta se envió en la misma jornada en la que Alberto Fernández también giró a Diputados un proyecto que responde a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa.
Asimismo, se trata de una ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga el lavado de activos.
La iniciativa apunta a crear la UIF “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia; que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando sanciones a los delitos de LA/FT/FP.
Por otra parte, se incluyen como sujetos obligados a personas físicas o jurídicas que operen con activos virtuales, con foco especial en criptomonedas.
“Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero (Instituciones Financieras), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional”, explica el proyecto.
Con esta reforma, el Gobierno busca evitar que el GAFI coloque a la UIF en la lista gris que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”. La Argentina estuvo incluida en esa lista entre 2009 y 2014.
Ver nota original en: Lavado de activos: buscan modificar el Código Penal y otorgarle mayores herramientas a la UIF.