El lavado de activos, el financiamiento de delitos y el financiamiento del terrorismo son las actividades delictivas dónde la UAFE Ecuador pone su mirada. En la actualidad, la UAFE entrega a la Fiscalía General del Estado (FGE) aproximadamente unos 200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) al mes.
De estas, la Fiscalía puede solicitar a los agentes de la Unidad entre dos o tres reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) al mes.
El director de la UAFE, el abogado Roberto Andrade Malo, explicó que la entidad recibe una importante cantidad de información que debe permanecer bajo reserva y protegiendo el “sigilo bancario”. Sólo la FGE y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) pueden hacer uso de sus reportes para abrir investigaciones.
Detalló que, en materia de reporte de operaciones sospechosas, la apertura de la investigación la pueden solicitar la Fiscalía las instituciones obligadas a emitir información a la unidad. En este documento se observan “los movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico, financiero y transaccional de una persona. Son operaciones sospechosas y que no pueden sustentarse”.
Andrade Malo advierte que no toda operación sospechosa es un delito. En algunos casos son personas o empresas que logran mejoras en sus finanzas, pero que al advertir el cambio entran en el radar. La Fiscalía se encarga de investigar y generar la evidencia en caso de detectar un delito.
En este sentido, los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificados (ROII), son solicitados directamente por la Fiscalía y en estos se entrega el detalle de las operaciones y actividades que una persona o empresa realiza dentro del sistema financiero del país, incluso internacionalmente.
Evaluación de nuevos riesgos
Las autoridades de la UAFE informaron además que, en la actualidad, están desarrollando la nueva evaluación de riesgos en el sistema financiero y económico del Ecuador que esperan entregar a finales del 2023 (noviembre o diciembre).
Con esta evaluación esperan verificar cuáles han sido las mejoras en el sistema de fiscalización y detección de los fondos provenientes del LA/FT. Así como la determinación de las nuevas amenazas que pueden afectar a la economía del país.
El Director de la UAFE precisó que esta evaluación se realiza cada tres años. “Estamos evaluando el período 2019-2022”, precisó.
Reconoció que, según los datos que maneja la Cepal, el impacto del lavado de activos en el Producto Interno Bruto (PIB) se ubica entre el 2,5% y el 6,3% en América Latina y en el caso particular de Ecuador estaría rondando el 2,5% del PIB.
Asimismo, Señaló que en la última evaluación de riesgos en el país realizada en el año 2019, las principales actividades delictivas eran:
- el narcotráfico
- la corrupción
- el contrabando
- el robo de vehículos.
Además tienen una alerta sobre la minería ilegal, actividad que ha venido en crecimiento en el país.
Concientización
Para las autoridades de la UAFE es fundamental trabajar en una campaña de concientización de la población sobre los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos pues el sólo hecho de prestar su teléfono o cuenta bancaria para una actividad relacionada a estos delitos hace a la persona cómplice del crimen.
«Es por eso que estamos pensando en avanzar en una campaña de concientización, tal vez como lo hicieron en Colombia. Tal vez una campaña que diga no preste su cuenta; estamos trabajando en ello”, adelantó el director de la UAFE.
Indicó que en la mayoría de las estructuras criminales que blanquean capitales hacen uso del nombre y firma de personas sin conocimientos. En algunos casos solo ponen las huellas digitales, para hacerlas administradoras o propietarias de bienes adquiridos con fondos ilícitos que luego son vendidos a menor precio y ese dinero ya entra «limpio» al sistema financiero y a la economía.
Por lo que reiteró su llamado a los “sujetos obligados” a rendir información a reportar toda actividad que sea “sospechosa”.
Sobre la inclusión de los abogados y contadores en la lista de sujetos obligados a reportar a la UAFE, Andrade Malo indicó que forma parte de las recomendaciones emanadas por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat). Dejando claro que no todos los abogados están obligados a reportar, “sólo deben reportar aquellos que se dedican a la creación y constitución de empresas y quiénes tienen la representación de terceros en materia financiera”, precisó. (ILS).
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