El lavado de activos (LA) es un delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los activos ilícitos producto de actividades ilegales con el fin de que circulen sin problema en el sistema económico. Ello implica que los bienes de origen ilícito son convertidos para no ser identificados y adquieran así una apariencia legítima frente a terceros. Este procesamiento de las rentas de las organizaciones criminales disfraza su origen ilegal. Les permite seguir lucrando a partir de diversos delitos que atentan contra la integridad y el bienestar de la ciudadanía. Algunos son: el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal, la corrupción, entre muchos otros (GAFI, 2012).
Debido a los efectos nocivos que el LA genera en el país, en el año 2011, mediante Decreto Supremo N° 057-2011-PCM, se aprobó el primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft). Cuya finalidad es hacer el seguimiento a la implementación, cumplimiento y actualización de dicho Plan. Esta comisión está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual a su vez ejerce su Presidencia; mientras que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la UIF, tiene a su cargo la Vicepresidencia y Secretaría Técnica.
En los años posteriores
En septiembre del 2017, se aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se fortaleció la Contralaft. Incorporándose nuevas entidades miembros y asignándosele nuevas funciones. En el marco de dicha Política, se emitió el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para el periodo 2018-2021.
Posteriormente, en el 2018, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) publicó la Guía de Políticas Nacionales. Este documento estableció una nueva metodología para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales. Así como el procedimiento a aplicar para su actualización.
De acuerdo con esta guía, la elaboración de una Política Nacional, como es la Política Nacional contra el Lavado de Activos, comprende dos etapas. La primera es la fase de diseño, la cual consta de cuatro pasos: 1) delimitación del problema público; 2) enunciación y estructuración del problema público; 3) delimitación de la situación futura deseada; y 4) selección de las alternativas de solución. En segundo lugar, se encuentra la fase de formulación que comprende: 1) elaboración de objetivos prioritarios e indicadores; 2) elaboración de lineamientos; 3) identificación de los servicios y estándares de cumplimiento; y, finalmente, 4) identificación de las políticas relacionadas.
El ministerio formulador o el grupo de trabajo (en caso sea una política multisectorial) deberá enviar informes al Ceplan (entregables) a medida que vayan finalizando las etapas del proceso, de tal forma que este pueda revisar los avances, absolver consultas técnicas y metodológicas y contar con su aprobación.
Luego de su aprobación, será necesario realizar un seguimiento permanente a su implementación, para garantizar el cumplimiento de los indicadores de los objetivos prioritarios. Con la finalidad de conocer la evolución de la política, evaluar si se están alcanzando los resultados esperados y mantenerla actualizada.
Proceso de elaboración de la Nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos
De acuerdo a la metodología establecida por el Ceplan, el 14 de julio del 2021, se formó, mediante Resolución Ministerial N°132-2021-JUS, un Grupo de Trabajo Multisectorial con la finalidad de elaborar la propuesta de actualización de la Política Nacional contra el Lavado de Activos. Este Grupo de Trabajo está formado por 23 instituciones públicas; entre ellas, los tres poderes del Estado, y es presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Secretaría Técnica está a cargo de la SBS, que asume la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para la elaboración de la propuesta.
Estado de la nueva Política Nacional contra Lavado de Activos
Cabe resaltar que esta Política Nacional está dirigida a combatir exclusivamente el delito de LA. A diferencia de las anteriores estrategias, no se incluyó el financiamiento del terrorismo debido a que, de acuerdo con lo recomendado en el Informe de Evaluación Mutua (GAFILAT, 2019) y en la Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2021, es necesario desarrollar intervenciones específicas para cada uno de estos fenómenos delictivos, al ser problemas públicos con características diferentes. Esto concuerda con lo establecido en la metodología del Ceplan.
Siguiendo esa línea, actualmente el Grupo de Trabajo ha culminado los cuatro pasos de la etapa de diseño.
El diagnóstico, que ha servido de sustento para la delimitación del problema público (paso 1) y su enunciación y estructuración (paso 2); tuvo como insumos claves la Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2021, el Informe de cumplimiento del Plan Nacional 2018-2021, diversos informes y evaluaciones de organismos internacionales, tales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Asimismo, incluyó los aportes e información brindada por diversos actores del Sistema Nacional contra el LA; tales como el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante los diversos talleres realizados y reuniones de trabajo sostenidas.
Árbol de problemas
De otro lado, la situación futura deseada (paso 3) tiene como horizonte temporal el año 2030 y se construyó a partir de la revisión y evaluación de las tendencias, escenarios, riesgos y oportunidades, identificadas en relación con la Política Nacional; pero, también en función a las expectativas de la población respecto al problema público y a la intervención del Estado. Para este último punto, con la finalidad de conocer y comprender mejor las aspiraciones de la ciudadanía, se realizó la “I Encuesta sobre percepciones de LA en el Perú”.
Asimismo, se seleccionaron 15 alternativas de solución (paso 4) al problema de LA, sobre la base de evidencia nacional e internacional recopilada. Dentro de las alternativas seleccionadas se plantearon medidas orientadas a fortalecer la prevención de LA por parte de los sujetos obligados (SO), así como la capacidad de persecución, investigación y sanción del Estado. Asimismo, el fortalecimiento de acciones que mejoren la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Próximos pasos
Se tiene previsto iniciar la etapa de formulación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos. Primero, con la elaboración de los objetivos prioritarios, los cuales son los principales cambios que se buscan alcanzar para reducir el LA y que conducen a la situación futura deseada; y, segundo, con la elaboración de lineamientos, los cuales marcan la ruta sobre la cual se organizarán las intervenciones para alcanzar los objetivos prioritarios. Tanto los objetivos prioritarios como los lineamientos serán entregados próximamente en un informe denominado Entregable N° 3 al Ceplan para su evaluación.
Asimismo, en el año 2023, se iniciará la elaboración de la Política Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Fpadm), la cual tomará de insumo principal la Evaluación Nacional de Riesgos de FT y Fpadm, cuya elaboración se ha iniciado este semestre. Esta nueva política nacional, al igual que la Política Nacional contra el Lavado de Activos, deberá también seguir por las fases de diseño, formulación, implementación, seguimiento constante y evaluación.
En este orden de ideas, el proceso de elaboración de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos se está realizando adecuadamente conforme a lo planteado en la metodología establecida por Ceplan y con la participación de diversas entidades del Sistema Nacional contra el LA. Desde la SBS, a través de la UIF, se continuarán realizando los esfuerzos necesarios para garantizar su culminación y su posterior implementación, en beneficio de la ciudadanía y del país.
Ver nota original en: Nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos: estado actual.